Parece ser que no le gusta la libertad de expresión a algunas personas, no son ni de derechas ni de izquierdas, ni de nada, tan sólo niñatos gamberros fascistoides, que se han dedicado a borrar este blog. No me hacen callar, lo único que van a conseguir si consigo los datos, es una demanda judicial, y en ello estoy, luego veré si me merece la pena el esfuerzo, mientras tanto, una vez arreglado, continúo con mis opiniones.
Las elecciones y la intriga en el país vasco parece que atrae toda la atención, pero no se puede resumir el panorama político sólo en ello, y creo que es positivo recordar, con mayor énfasis si cabe, la situación en los últimos años del Partido Popular, insostenible, y su epicentro, Madrid, ya no linda con lo vergonzoso, entra de pleno en muchos aspectos. No obstante, como todo está por ver y por demostrar, y las declaraciones de un día se contradicen con las del siguiente y las de una persona 
presuntamente implicada varían con relación a otra para modificarse unos días después, en lo que parece malabarismo político corrupto, el terreno resulta cenagoso. Los medios son muchos y muy dispares, desde el Mundo, hasta Público o El Plural, pasando especialmente por El País, mencionaré alguno si viene al caso. La atención que se está prestando a la trama que se ha dado por llamar Gürtel, parece haber dejado en segundo plano el proceso de espionaje que de por sí es escandaloso, impropio de un partido que se define como democrático. Vamos a airearlo un poco para pasar después a las presuntas tramas de corrupción.
El pasado mes de enero el diario El País levantaba la liebre ya que, según fuentes de la ejecutiva regional, la Consejería del Interior de la Comunidad de Madrid, presidida por Francisco Granados, cuenta con su propio servicio de espionaje, sería un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña, nombrado por Granados en julio pasado asesor para temas de seguridad, y en el que se integrarían al menos tres ex guardias civiles. Peña confirmó que su trabajo consistía en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conocía, según él, el consejero Granados, quien ha asegurado que unos 15 funcionarios reportan a Peña, aunque éste lo niegue. El equipo lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP, según informó Peña a El País, no obstante, días después de publicarse la noticia, se desdice de sus declaraciones anteriores afirmando que en ningún caso ha espiado a políticos ni ha participado en la elaboración de dossiers sobre tramas de corrupción relacionadas con ayuntamientos socialistas. La veracidad de este individuo es difícil de creer. Entre mayo y junio de 2006 El Mundo publicó un bulo pergeñado por él sobre un supuesto trato de favor en el escándalo del fraude de Afinsa que involucraba a un alto cargo de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno. Éste alto cargo, Jorge Blázquez, denunció el bulo, y el juez acreditó que las informaciones eran falsas. Apenas seis meses después de la sentencia, el Gobierno de Esperanza Aguirre fichó a Peña como asesor de la Comunidad de Madrid.
El segundo de la presidenta Esperanza Aguirre, Ignacio González, ha sido espiado. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido objeto de seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses. González fue espiado, por ejemplo, durante un desplazamiento oficial a Cartagena de Indias (Colombia) a finales de agosto de 2008. Altos cargos de la Comunidad de Madrid aseguran que están “muy preocupados” porque los documentos y las imágenes que se incluyen en los informes resultado del espionaje han precisado de “la complicidad” de personal vinculado a la seguridad de la comunidad. González ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue el espionaje del que supuestamente fue objeto. González sospecha que sus responsables pueden estar “muy cerca” de él. Pero ¿es verídica esta información? Porque distintas fuentes incluyen a Ignacio González como cabecilla de la trama junto con Granados. Un hecho no invalida el otro, pero no deja de existir confusión. En fechas recientes Francisco Granados, en un acto conjunto con Ignacio González, se ha desvinculado de la trama. “El Gobierno de la comunidad niega con absoluta rotundidad que haya llevado a cabo encargos de espionaje, seguimiento o informes sobre nadie”, ha subrayado, para desmentir a renglón seguido que exista “ninguna organización de espionaje montada por la Comunidad de Madrid para este tipo de situaciones”.
No obstante el Gobierno de Aguirre sopesó crear un movimiento legal al sentirse espiado. El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. Existía una creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad estaban siendo espiados desde dentro. El Proyecto, que recibió el nombre de SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador que tiene Ignacio González en su poder, a “una necesidad específica de Seguridad e Inteligencia emergente en el Estados de las Autonomías”.
Como se puede apreciar la claridad y transparencia brillan por su ausencia. Hay bastantes personas que han declarado tener motivos para creerse espiados ¿realidad o paranoia? Resulta muy complejo, pero que han existido movimientos de ese tipo al margen o amparados, no se sabe, de la Comunidad de Madrid, parece obvio por las distintas declaraciones.
Aparte de las del propio Ignacio González, que incluso había presentado una denuncia ante la Fiscalía por seguimiento y grabaciones, para desdecirse posteriormente ¿motivos?, hay más.
Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y otros altos cargos del PP, supuestamente rivales de Aguirre, son espiados por los ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid. Esto ocurre en abril de 2008, ante el apoyo a Mariano Rajoy. Cobo ha dado instrucciones a los Servicios Jurídicos del ayuntamiento para presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y afirmado que los datos publicados por EL PAÍS “son exactos”. Ha declarado que el seguimiento a su persona realizado por personas no pertenecientes en este momento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es “absolutamente ilegal”. Y ha dicho: “Quiero saber quién lo hizo, quién lo encargó y con qué fines”.
Alfredo Prada, ex consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo a Mariano Rajoy, también fue objeto de espionaje. Tras más de tres meses de seguimiento de los espías y tras confirmar Rajoy su liderazgo en el congreso del partido, Aguirre destituyó a Prada, el 25 de junio de 2008. Prada, actual responsable de Política Exterior del PP, ha entregado en la Fiscalía General del Estado el escrito en el que pide que se investigue el espionaje del que presuntamente ha sido objeto. El ex consejero ha mostrado su malestar de forma contundente: “Esa investigación llega a alcanzar a tu mujer, a tus hijos…Indignación es un calificativo muy suave”.
Un dossier con información supuestamente comprometedora para el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, circulaba por dependencias de la Comunidad, según altos cargos del Gobierno regional. El dossier se encontraba en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de Alfredo Prada. El 27 de junio de 2008, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, y cuatro de sus colaboradores, aprovecharon la ausencia de Fernández para entrar en su despacho y requisar documentos.
Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II, también ha sido objeto de espionaje. El documento de 32 páginas se centra tanto en su supuesta fortuna como en detalles de su vida privada: entre ellos los domicilios que los presuntos espías creen que ha ocupado e incluso las propiedades que están a nombre de su esposa.
El alcalde de Getafe y actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, interpondrá acciones judiciales por las presuntas investigaciones a las que ha sido sometido. Un reportaje de la revista Interviú describe cómo Castro pudo haber sido investigado sin saberlo en fechas previas a la pérdida de la FEMP por parte del Partido Popular. No son de hoy, los seguimientos e informes sobre Castro habrían tenido lugar en 2007.
Aunque la historia no termina pues siguen saliendo a la luz casos, como recientemente de nuevo en relación al consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que ha tenido que salir al paso de nuevos dossiers que le involucran en negocios ilegales con constructores, la fiscalía ha tomado cartas en el asunto. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, estudia los hechos.
La postura del PP
Entiendo que si hay algo confuso, que lo hay, buena parte es lo que el PP quiere o hace.
En un principio, la portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido tajante al pedir a la Policía y a la Fiscalía que “investiguen hasta el final, por supuesto”. Sin embargo, el líder del PP, Mariano Rajoy, no cree necesario iniciar una investigación interna. Cuatro días después de desvelada la trama, Rajoy cambia de postura. El PP hace público un comunicado en el que advierte que de confirmarse los casos, serían unos “hechos gravísimos” y “unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen”, que darían lugar a responsabilidades en el ámbito de la Justicia, a la que ha pedido que actúe de manera inmediata. Rajoy, según la nota, ha dado instrucciones a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que recabe toda la información sobre el caso con el fin de aclarar lo ocurrido hasta los últimos extremos y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes
Evidentemente no sería el PP si no intentaran implicar al Gobierno, así el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, sugiere que el espionaje no puede llevarse a cabo sin la “connivencia” del Ministerio del Interior. La respuesta del máximo responsable de esa cartera, Alfredo Pérez Rubalcaba, es rotunda. Rubalcaba tilda de “infamia” el intento de vincular a su departamento con la trama de espionaje.
A pesar de las primeras indicaciones de Rajoy, el Partido Popular ha anunciado la suspensión de la investigación interna que había puesto en marcha con el objetivo de depurar responsabilidades en relación con el escándalo del espionaje entre altos cargos de la Comunidad de Madrid. En este sentido, su secretaria general, mano derecha de Mariano Rajoy, ha declarado en rueda de prensa que “la dirección nacional del partido ha dejado en suspenso la investigación interna”.
Según ha publicado El Plural, Cospedal se ha apresurado a declarar que esta decisión no se debe a “un pacto” acordado con Esperanza Aguirre. Se trata, por contra, “de una posición coherente” destinada a “salvar la honorabilidad del partido”.
Según el vicedirector de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, Cospedal habría ofrecido a Aguirre la posibilidad de que “ella sea la encargada de cortar cabezas y, a cambio, el PP la respaldará con contundencia frente a los ataques del alcalde“. Probablemente temiendo esa “guerra total” con la Comunidad de la que estos periodistas afines han avisado, Cospedal ha estado especialmente contundente a la hora de defender esa “honorabilidad” extensible, cómo no, al señalado Partido Popular de la Comunidad de Madrid. La Cadena SER ha informado de que el PP habría estado estudiando cómo “dejar que se muera” esta investigación, tras el anuncio de Aguirre de abrir este proceso en el parlamento regional.
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