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Aprovechando la falta de memoria, el hartazgo ciudadano y en general la desinformación, la Asamblea de Madrid dio carpetazo al escándalo del espionaje con los votos en contra del PSOE e IU. Pero la Asamblea está en manos de Aguirre y es omnipotente en su terreno.

Sobre la llamada operación Gürtel, coincide que una parte importante pasa por las manos del juez Baltasar Garzón, que como es evidente está sometido a una campaña de descrédito por parte de los populares. El que fue el héroe de este partido en el caso de los GAL, que contribuyó enormemente a derrocar al gobierno de Felipe González, y entre sus muchas actuaciones destaca, aparte de la mencionada, la lucha abierta contra ETA y su entorno, a nivel de sus medios de comunicación, o políticos, principalmente Batasuna, ha dado un giro de 180º para convertirse en peligro público para el partido de Rajoy. Hasta la fecha nunca se habían puesto en entredicho sus actuaciones, pero el panorama ha cambiado por completo sobre todo a partir del caso, aún en estudio y bajo secreto sumarial, de la operación Gürtel, lo que parece un enorme entramado de corrupción en miembros del PP que abarca mucho más que la Comunidad de Madrid. Un hecho como ha sido la salida de cacería con el recién dimitido ministro de Justicia Fernández Bermejo, ha servido de arma arrojadiza para intentar ensuciar la figura del juez y crear una cortina de humo que cegase del fondo del asunto, del cual se conocen los múltiples artículos de distintos medios. Y son de ellos, de la prensa escrita, de donde resumo los hechos, lógicamente presuntos, pues están en fase de estudio y ninguna cosa demostrada en los tribunales, son filtraciones, declaraciones, deducciones, etc., por lo que se sobreentiende que cualquier afirmación es presunta, por no repetir incesantemente el término.

El PP, en la voz de Trillo, dio un ultimátum a Garzón para que se inhibiese a favor de los Tribunales Superiores de Justicia. No obstante la fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la querella sobre prevaricación. La acusación se basaba en la no inhibición del caso “a sabiendas” de que la presencia de aforados le obligaba a ello. Para el fiscal, sin embargo, el aforamiento “no sólo no impide, sino que obliga a continuar la investigación a fin de comprobar o desvirtuar esas imputaciones” Es más que probable que los populares hayan vuelto fallar el tiro.

Cuando se empiezan a destapar hechos.

El pasado día 6 de febrero, según el artículo http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/varios-detenidos-corrupcion-urbanistica-blanqueo-3055737.htm se anunciaba que al menos cinco personas han sido detenidas en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en Valencia y en Sotogrande (Cádiz) acusadas de corrupción urbanística, blanqueo de dinero y cohecho, según fuentes judiciales

Los detenidos se habrían quedado presuntamente el dinero de los ayuntamientos, que a su vez les otorgarían irregularmente la organización de distintos eventos, según las fuentes. La operación estaría coordinada por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Baltasar Garzón, y la Fiscalía Anticorrupción.

Los funcionarios municipales han facilitado a los agentes judiciales información acerca de varias empresas, entre las cuales al menos dos han tenido relaciones económicas con el Consistorio. Se trata de una dedicada a la organización de viajes y otra a la organización de eventos. Fuentes municipales han señalado que esta segunda empresa es Special Events, cuyo responsable, Francisco Correa, es uno de los investigados.

Al día siguiente las noticias eran mucho más abundantes y explícitas, como se publicaba en http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020700_2_849689__Nacional-trama-corrupcion-Boadilla-extiende-cuatro-provincias

Incluyendo Málaga y Majadahonda y un número mayor de implicados. Fuentes de la investigación confirmaron que, aparte de Francisco Correa, responsable de Special Events, una de las empresas investigadas y que ha organizado diversos eventos para el Partido Popular, fueron detenidas otras cuatro personas en Madrid (María del Carmen Rodríguez Quijano, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia; Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez).

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial llevaron a cabo varios registros en domicilios, despachos profesionales y empresas de Valencia, Marbella y Sotogrande, y han requerido diversa documentación de los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda, gobernados por el PP. Los funcionarios municipales facilitaron a los agentes información acerca de varias empresas que han mantenido relaciones comerciales con los consistorios.

El Partido Popular en Boadilla negó las detenciones y a otros niveles se desvincula de implicados. El PP de Galicia señaló que Pablo Crespo “no tiene nada que ver con el partido en la actualidad” y “no está afiliado”.

En publicación de El Mundo, http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/06/madrid/1233920396.html la Policía Judicial solicitó información sobre las empresas Special Event Catering, Pasadena Viajes, Tecnology Consulting Management (TCM), Easy Concept y Servimadrid Integral, que han realizado o realizan trabajos para estos municipios.

En el caso de Majadahonda, Special Events y TCM recibieron contratos del Ayuntamiento de más de un millón de euros en 2003 y 2004. En el caso de Boadilla los agentes han preguntado también sobre una adjudicación de una parcela a una sociedad, UFC. El director general del suelo de esta localidad es Tomás Martín Morales, marido de la también concejala Rosalía de Padua. El alcalde de Boadilla, Alberto González Panero, al que se acusa de haber viajado a Miami a comprar apartamentos con personas vinculadas a estas empresas, negó tener alguna vinculación con Francisco Correa, considerado el supuesto líder de la trama.

Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Majadahonda han subrayado que todos esos contratos bajo sospecha se firmaron en la época del alcalde Guillermo Ortega, del PP, que dimitió en 2005 tras el llamado “caso Majadahonda”.

La intención de enajenar dos parcelas municipales a un precio por debajo del de mercado, dudosas adjudicaciones de contratos municipales y la bancarrota municipal rodearon su despedida. Desde entonces, Guillermo Ortega es gerente del Mercado Puerta de Toledo, empresa pública de la Comunidad de Madrid y mantiene un “buen sueldo”. Su jefa de gabinete era la ahora detenida María del Carmen Rodríguez, mujer de Francisco Correa.

Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda han precisado que los contratos requeridos fueron rescindidos en su día por la actual administración y viene a confirmar lo adecuado de las medidas adoptadas por la administración local actual.

Entra Valencia en el juegoEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió además a la Conselleria de Turismo de la Generalitat información sobre el expediente 33/08, perteneciente al contrato del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur.

Funcionarios de la Agencia Tributaria se presentaron en la sede de la Conselleria de Turismo para demandar esta información, en la jornada en que se ha procedido a registrar la empresa valenciana Orange Market por su presunta vinculación con la trama de corrupción de Boadilla.

Orange fue la adjudicataria del pabellón que exhibió la pasada semana la Comunidad Valenciana en Fitur. Esta empresa ha organizado también actos como el congreso regional del PP o la inauguración de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante.

El PSOE de Boadilla del Monte ha criticado que Ramón Blanco, adjudicatario de un derecho de superficie sobre 30 locales comerciales concedido por la empresa municipal del suelo por un canon anual de 320.000 euros, presuntamente alquile uno de ellos al Ayuntamiento por una tercera parte de esta suma. (http://www.elimparcial.es/contenido/32847.html)

El PSOE informa también de que el Ayuntamiento ha arrendado supuestamente uno de estos locales para la nueva comisaría de policía por un precio de 104.000 euros al año a la empresa de Ramón Blanco. Este importe supone el 34% del canon que recibe el Ayuntamiento.

Las mismas fuentes señalan que la empresa de Blanco, al que el diario El País relaciona con los negocios urbanísticos de Francisco Correa, cedió en primavera de 2007 el derecho de superficie de la adjudicación municipal a Artas Consultoria S.A. de la que también es el administrador único.

Francisco Correa, presunto jefe de la trama y detenido, organizaba eventos para el PP en la época de José María Aznar y es amigo personal del yerno de éste, Alejandro Agag, sobre el que al parecer no recaen sospechas de ningún tipo.

Los contratos del gobierno de Esperanza Aguirre

El día 8-2 el diario El Público es muy concreto. http://www.publico.es/espana/198493/corrupcion/boadilla/baltasargarzon/esperanzaaguirre

El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó, directamente y sin concurso, 76 contratos entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 a dos empresas vinculadas a los detenidos por la trama de corrupción.

En total, Easy Concept Comunicación, SL (antes denominada Down Town Consulting) y Good and Better, SL recibieron adjudicaciones para organización de eventos por valor de 562.183 euros, cada una de ellas inferior a 12.000 euros. Esa es la cuantía que la Ley de Contratos estatal señalaba hasta 2007 como límite máximo para adjudicar sin concurso los llamados contratos menores.

Easy Concept y Good and Better tienen o han tenido por administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego; y Felisa Isabel Jordán Goncet, detenidos el viernes con otros tres empresarios. Entre ellos, Francisco Correa Sánchez, a quien los investigadores consideran el cerebro de la trama.

El ejemplo más ilustrativo lo representan las 15 facturas emitidas el mismo día por Easy Concept –el 1 de abril de 2004– por los otros tantos servicios prestados para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del Sol el 25 de marzo de 2004 a “los que se volcaron con las víctimas del 11-M”. La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el concepto “elementos de sonido”, cuyo coste se cifró en 11.954,39 euros, aparece ajeno al de “iluminación y sonido”, cuantificado en 11.524,36 euros.

Un segundo caso: del homenaje al Getafe por su ascenso a Primera en junio de 2004, Easy Concept emitió cuatro facturas. Todas aparecen en el listado remitido al PSOE con el mismo epígrafe, “Acto Ascenso Club Fútbol Getafe”. Easy Concept y Good and Better giraron facturas en abril de 2005 por el Día de la Mujer. La primera, por 11.906 euros; la segunda, por 11.700.

En las fechas a las que corresponden todas adjudicaciones ocupaba la Consejería de Presidencia Ignacio González. Y el viceconsejero era el actual consejero de Deportes, Alberto López Viejo, a quien, según el diario El País, los denunciantes de la trama de Boadilla señalan como el artífice de los contratos troceados.

Al día siguiente la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, convocó a los medios de comunicación de forma inesperada, para dar a conocer nuevas dimisiones en el seno de su partido. Aguirre ha aceptado las dimisiones de Alberto López Viejo, consejero de Deportes, y de Guillermo Ortega, gerente de Mercado Puerta de Toledo por su relación con Francisco Correa por la supuesta adjudicación irregular de contratos. No obstante, Aguirre ha asegurado “toda la actuación” de la Comunidad en materia de contratos “es legal” y “goza de los informes de intervención”, pero “esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos”.

También el secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, ha anunciado a última hora de la tarde la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, así como de su número dos, María Jesús Díaz.

Sobre Good and Better SL.

Según el diario Público(http://www.publico.es/espana/198689/aguirre/contrato/dedo/empresa/recien/cre) no se habían cumplido aún 15 días desde su constitución cuando la empresa Good and Better SL, presuntamente adscrita a la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón, logró en enero de 2005 su primer contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. Tanto la que fue hasta febrero de 2008 su administradora única, Felisa Isabel Jordán Goncet, como su sucesor al frente de la compañía, el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo Sabaris, permanecen detenidos desde el viernes. Garzón les imputa, entre otros, los delitos de cohecho (soborno a funcionario o cargo público), blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Había facturado al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores, (los que no se sometían a concurso dado que su importe no supera los 12.000 euros). Cuando el 26 de enero colocó la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario desde donde Aguirre difundió las bondades del nuevo helicóptero, Good and Better no se dedicaba oficialmente a la organización de eventos. Fue el 3 de febrero cuando, en el mismo momento en que Felisa Isabel Jordán Goncet adquirió la condición de administradora única, la compañía modificó su objeto social para asumir tareas tales como “organización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos” y “proyectos con las administraciones públicas”.

Marbella

En Marbella,el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca declarará como imputado en relación con presuntas irregularidades en los encargos jurídicos del Consistorio al abogado José María del Nido entre 2000 y 2001. Roca se encuentra en prisión provisional sin fianza por el ‘caso Malaya’ contra la corrupción municipal y de tres millones de euros por el ‘caso Saqueo’.

El ex asesor urbanístico fue condenado además a un año de cárcel el pasado agosto en el juicio celebrado contra él y contra el juez Francisco Javier de Urquía en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que el magistrado fue condenado a dos años de prisión como autor de un delito de cohecho.

Por la causa sobre los pagos del Ayuntamiento marbellí a Del Nido, cuyo origen es una querella de la Fiscalía Anticorrupción, ya declararon como imputados en septiembre de 2006 el propio abogado y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que de nuevo compareció ante el juez que instruye el caso en octubre de 2008.

Inician las declaraciones e imputaciones

El 10-2 el juez Garzón levanta parcialmente el secreto del sumario para empezar a tomar declaración a los imputados. El diario La Voz de Galicia hace un resumen que entiendo vale la pena transcribir, como resumen de la situación http://www.lavozdegalicia.es/espana/2009/02/10/00031234270351106326399.htm)

El juez Baltasar Garzón ha imputado hoy al hasta ahora alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero (PP), y a otras 33 personas en relación con la presunta trama de corrupción relacionada con cargos del PP y tráfico de influencias.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto notificado, en el marco de la «operación Gürtel» (correa en alemán), en el que a instancias de la Fiscalía Anticorrupción imputa a estas 34 personas los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Entre los nuevos imputados, que se suman a los tres detenidos que ayer comparecieron ante Garzón -el presunto líder de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- destaca también Guillermo Ortega Alonso, ex alcalde de Majadahonda que ayer dimitió como gerente del Mercado Puerta de Toledo, cargo dependiente del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Además figuran el responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, detenido anoche en Valencia; Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, y Felisa Jordán, detenidas ambas el pasado viernes y puestas en libertad por la Policía. Ambas, junto a una tercera -Carmen Luis Cerezo-, serán mañana las primeras en comparecer ante Garzón, que tiene previsto interrogar a todos los imputados por grupos a partir de mañana y hasta el 5 de marzo.

Dos de los imputados -González Panero y Ortega- han presentado su dimisión o han sido destituidos de sus cargos por el PP, junto a un tercero, el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, quien, según las fuentes consultadas, no está imputado.

Después de esta primera toma de declaración, el juez decidirá también por la tarde si acuerda el ingreso en prisión de Correa, Crespo y Sánchez tras haber prorrogado ayer su detención a petición de las fiscales Anticorrupción, Miriam Segura y Concha Sabadell, para la práctica de nuevas diligencias.

Mañana también podría ser puesto a disposición judicial el último detenido en esta operación, Álvaro Pérez Alonso, conocido como «el bigotes».

Para notificar el auto con estas nuevas imputaciones, Garzón ha alzado parcialmente el secreto de sumario de la causa, en la que ayer abrió también una pieza separada para investigar las filtraciones a los medios de comunicación.

Más repercusiones

El presunto líder de esta trama Francisco Correa era responsable de Special Events, empresa que hasta 2004 organizó eventos para el PP, y que permanece detenido en la prisión de Soto del Real junto a Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999, y Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Record y de Inversiones Kintamani.

Múltiples medios se han hecho eco de la dimisión de González Panadero, recién dimitido como alcalde de Boadilla del Monte.

También del recién incluido en la lista, Jacobo Gordon, otro amigo, colaborador y ex socio de Alejandro Agag, y como Correa testigo de la boda de Agag con Ana Aznar, o del amigo del mismo como López Viejo. El presunto vínculo de Jacobo Gordon con la trama es comprobable en los informes de empresas del registro mercantil. Gordon es administrador único de la empresa Castaño Corporate, radicada en Madrid y dedicada también al negocio inmobiliario.

Según el registro mercantil, como ex administradores y ahora apoderados constan Pablo Crespo, ex secretario del PP de Galicia, detenido el pasado viernes y José Ramón Blanco Balín.

Los mencionados amigos de Agag, como éste mismo, eran miembros destacados del ‘clan Becerril’, un grupo de la ‘beautiful del PP’, mayoritariamente prometedores hombres de negocios que lideraban Nuevas Generaciones y estaban apadrinados por el ex presidente José María Aznar.

Entra en escena Ulibarri.

El día 13, como publica el diario El País (http://www.elpais.com/articulo/madrid/contratos/Comunidad/imputado/Ulibarri/ elpepiespmad/20090213elpmad_1/Tes) aparece imputado el empresario José Luis Ulibarri en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos.

Ulibarri es uno de los 37 imputados por la presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón considera que hay indicios de que los imputados formaron un conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas para beneficio propio con “dádivas y sobornos a funcionarios”. La empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de comunicación, principalmente.

A principios de 2007 Begar se presentó y ganó frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. El coste fue de cinco millones de euros. Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué pasó con los 700.000 euros de diferencia?

Antes de que acabara el proyecto, la constructora de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe 787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill. Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron ayer desde la Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos meses antes de que concluyeran las obras.

Y hablando de Camps

Dentro de las investigaciones que se están llevando a cabo ha salido a relucir la cantidad de 30.000 euros en trajes para el Presidente de la Comunidad Valencia, Francisco Camps. La fiscalía lo considera “un tema menor” No obstante, Camps instó a la Junta Directiva Regional del PP a dejar las cuitas internas para afrontar todos juntos una situación que amenaza seriamente la estabilidad del partido que gobierna la Comunidad Valenciana con mayoría absoluta desde 1999. Sin embargo la desconfianza está ahí, En Alicante, los seguidores del zaplanista José Joaquín Ripoll, no se fían de los seguidores del presidente Camps, que tienen impugnado el congreso provincial y aspiran a barrerlos.

También en el gobierno valenciano, tras publicarse en El País que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa propiedad de un amigo suyo. Camps no ha explicado todavía su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes, partícipe de la trama que dirigía Francisco Correa y que formó parte del círculo íntimo de la cúpula popular y a quien se contrató en la Generalitat y en el PP. Además, en las conversaciones grabadas se vincula a Álvaro Pérez y a las empresas de Correa con la celebración de grandes eventos como la visita del Papa a Valencia, la Copa del América o el gran premio de Fórmula 1.

La importancia de las facturas por trajes puede no ser profunda, el problema son las dudas. El juez Garzón investiga si Correa estableció algún sistema para generar facturas falsas, defraudar a Hacienda y obtener dinero negro con el que sobornar a funcionarios. En ese marco, se habría investigado también la relación de Álvaro Pérez con personal de Milano (donde al parecer compró los trajes) y otras sastrerías.

Peces gordos

Y el desarrollo continúa. El pasado día 25-2 La Vanguardia publicaba que el juez de la Baltasar Garzón ha imputado al senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas en el ‘caso Gürtel’. Según este diario algunos medios han informado que también estaría vinculado a la trama el eurodiputado Gerardo Galeote. Según fuentes cercanas al magistrado subrayaban el “malestar” de Garzón ante las filtraciones del sumario, a la vez que pregunta al fiscal si mantiene su petición de inhibición a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid, como había pedido, o si considera más procedente realizar una única inhibición ante el Tribunal Supremo.

El informe policial remitido al instructor por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) contiene “nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la revisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un posible nuevo casos de aforamiento”, dice la providencia.

Sigue la trama en Valencia con ex de Aznar.

Pero no termina. Serafín Castellano, consejero de Gobernación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, adjudicó, cuando estaba al frente del Departamento de Sanidad, unas 200 obras a la firma Construcciones Taroncher y Asociados, con la que está vinculado, según denuncia el 9-3 el diario El País.

El consejero y su mujer, Nuria Rioja, son copropietarios de un terreno en el municipio valenciano de Llíria y, además, tiene una cuenta bancaria en común. La amistad entre Castellano y Taroncher es muy estrecha y ambos comparten cacerías y partidos de pelota. La relación entre ambos de por sí imposibilita cualquier contratación público ya que, según la ley, la autoridad competente (en este caso el conseller) ”debe abstenerse” de otorgarlo, cuando concurre un supuesto de “amistad íntima o enemistad manifiesta” con los aspirantes.

El día 12-3 publicaba El Plural, que la Generalitat valenciana cerró en sólo quince días el acuerdo con Aqualium, la empresa de la esposa del ex vicepresidente Álvarez Cascos, para organizar en la capital una exposición por lo que abonaron 300.000 euros. La elección, sin concurso público, se justificaba en el contrato apelando a la necesidad de una “pronta ejecución”. Se trataba de la exposición de esculturas del artista norteamericano Robert Indiana en enero y febrero de 2007. La necesidad de “pronta ejecución” se debía a las fechas que daba el Ayuntamiento de Valencia, también gobernado por Rita Barberá del PP, como ha publicado el diario Levante. La exposición de Robert Indiana, por la que la firma de Porto cobró 300.000 euros del Gobierno de Valencia, también se exhibió en Madrid. La propia Barberá ya anunció la celebración de la muestra de Indiana a finales de noviembre de 2006, tras una visita a la alcaldía del propio Álvarez Cascos y su mujer. Ya la revista Interviú publicó hace meses el funcionamiento de la empresa de la esposa de Cascos.

Los intentos por esclarecer los hechos en Las Corts de Valencia han fracasado por el veto del PP.

Grabaciones de la Cadena SER

Pero siguen apareciendo datos. El día 13-3 La Cadena SER revela una nueva grabación en la que se puede escuchar a Correa, presunto cerebro de la trama de corrupción vinculada con el PP, explicando los regalos que le habría hecho a Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato e imputado en la trama, a cambio de “una obrita o algo”. La conversación en cuestión no se refiere, sin embargo, al Jaguar al que aludía El Mundo, también regalado por Correa, sino a un automóvil todoterreno. Este obsequio, a diferencia del Jaguar, sí aparece en el sumario que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Al imputar a Sepúlveda, Garzón asegura que este utilizó un Range Rover modelo Vogue 4.4 V desde abril de 2004. Dicho automóvil le habría sido facilitado por el cabecilla de la trama.

Puede ser interesante oír las “tramas” (http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=31564)

Sepúlveda, quien según los informes policiales cobró 420.000 euros de la trama corrupta, fue puesto por Aznar a dedo en el ayuntamiento de Pozuelo, y no deja de ensombrecer el panorama de la hasta hace poco esposa y tercera cercana a Rajoy Ana Mato.

Es más que probable que la trama no termine aquí. Como por supuesto lo es que el PP hará lo imposible para que se conozca lo mínimo. Ni los corruptos en los tiempos de Felipe González, que manipulados hasta el hastío por Aznar terminaron con él, pueden compararse con los casos mencionados y lo que pueda venir, si viene algo.