Acaba el Gobernador del Banco de España de pasar por la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, y sigue pidiendo reformas laborales, bajada de salarios y más subempregos para los trabajadores, desregulaciones y traspaso de rentas del trabajo a rentas del capital. Defiende que la crisis la paguemos, en exclusiva, las clases populares.
Lástima que el Sr. Fernández Ordóñez no haya afirmado que la crisis de las Cajas de Ahorros viene dada precisamente por los métodos privados de gestión. Que no haya afirmado la necesidad de una fuerte banca pública al servicio de políticas expansivas, que reparen las heridas económicas producto de la voracidad de una clase empresarial especuladora.
El Gobernador también olvidó hablar de la necesidad que tiene nuestra economía de un fuerte sector energético, que sólo sería posible con la re - nacionalización de las grandes corporaciones, y que están formando un oligopolio, dejando indefensos a los consumidores frente a sus abusos.
Por no hablar de la necesaria reforma en las estructuras de las empresas. ¿Acaso no es una medida de eficiencia económica, de antídoto contra la deslocalización, de salud democrática, la participación de los trabajadores en la propia gestión en las medias y grandes empresas?
¿Qué medidas contra el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas propone? Acaso no es, también, necesaria una reforma de los objetivos del propio Banco de España, que le permita implementar medidas de dinamización económica? ¿Acaso los propios tratados europeos no son un freno para la recuperación económica?
El Sr. Fernández Ordóñez parece desconocer que las políticas neoliberales iniciadas por Solbes en 1993, e implementadas posteriormente por Rodrigo Rato cerraron la etapa del mayor desarrollo económico y cohesión social de España, la del Partido Socialista de 1982 a 1993. Con el Gobierno del Sr. Aznar – 1996 a 2004 - los trabajadores perdieron poder económico, reduciendo su capacidad de consumo y por otra parte, el aumento desmedido de las rentas del capital (producto de la sobre explotación laboral y de una política fiscal regresiva), hizo que estas para mantener su rentabilidad pasaran de ser invertidas de la economía real a la especulación bursátil y del cemento; siendo uno de los aportes fundamentales para la actual crisis económica en España.
El propio Gobernador alimenta las posiciones más reaccionarias de la derecha económica. Como ejemplo, desde la patronal gallega, el Sr. Fontela pide el desmantelamiento de los servicios sociales, de la sanidad y enseñanza públicas; y el día a día gallego indica que el Presidente Feijóo le va haciendo caso.
Es evidente la manifiesta incapacidad del Sr. Fernández Ordóñez para gestionar en esta fase de la crisis económica el Banco de España, e incluso para aconsejar al Gobierno del Presidente Zapatero. El Gobernador fue incapaz de cambiar los comportamientos bancarios, e incapaz de forzar a los grupos financieros para aportar el crédito a los ciudadanos y a las empresas.
España es uno de los países más desiguales de la UE. Esto se debe a un escaso desarrollo del sector público y de las necesarias infraestructuras físicas y de comunicaciones, de un escaso apoyo al desarrollo de capital humano y social. Las políticas expansivas, la fiscalidad progresiva, el empleo de calidad público y privado, el desarrollo de los nuevos sectores que amplíen el Estado de Bienestar (pensiones, sanidad y enseñanza públicas, escuelas infantiles, dependencia, servicios sociales, vivienda social, la lucha contra la exclusión social); acercándonos al norte de Europa, son imprescindibles. El déficit público, producto del aumento del gasto social, se debe entender como una inversión para garantizar una salida más rápida de la crisis y asegurar el futuro. Lo contrario es ahondar en la crisis económica y aumentar el desempleo.
Los próximos Presupuestos Generales del Estado deben ser un instrumento para una salida progresista de la crisis, frente a un PP ávido de aplicarle el Modelo Fontela y Díaz Ferrán a los ciudadanos. Es imprescindible una alianza del conjunto de las fuerzas de la izquierda política y sindical, así como la movilización de la sociedad contra esa derecha que pone en cuestión la cohesión social y la propia democracia.
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